El caso de tortura contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera se volvió a ventilar ante la opinión pública mundial, el jueves 26 y viernes 27 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la capital costarricense las víctimas refrendaron y sustentaron sus acusaciones en tanto que los representantes del Estado mexicano, por sus desatinos, quedaron muy mal parados ante los jueces. El caso aún no está cerrado: en octubre las partes en litigio se volverán a enfrentar. Gloria Leticia DíazSAN JOSÉ de Costa Rica, (Proceso).- Sometido una vez más al escrutinio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a los abusos cometidos por miembros del Ejército Mexicano, el gobierno de Felipe Calderón se vio en aprietos para defender a esa institución, acusada de torturar a Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP).
El testimonio de Rodolfo Montiel Flores ha sido consistente: desde hace 11 años sostiene la versión –incluida en la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009– sobre la forma en que él y Cabrera García fueron torturados.
Montiel viajó de Estados Unidos –donde vive como asilado político– a Costa Rica para exponer que ambos ecologistas fueron detenidos el 2 de mayo de 1999 en un operativo militar en la comunidad de Pizotla, que fueron torturados y sometidos a tratos crueles, que fueron interrogados sobre su presunta pertenencia a EZLN, al EPR y a su agrupación, la OCESP; para finalmente ser llevados al XL Batallón de Infantería en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde continuaron los malos tratos.
Del proceso judicial en su contra Montiel afirmó que no fue sino hasta julio de 1999 cuando él y Cabrera pudieron rendir un testimonio “sin presiones” de los militares, es decir, cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) asumió su defensa.
Durante la primera parte del proceso judicial, iniciado por la denuncia militar que los acusaba de portación de armas y posesión de semillas de mariguana, Montiel afirma que fue obligado a firmar documentos que no pudo leer, porque en mayo de 1999 “yo no sabía leer, nomás me inventé una firma (…) y don Teodoro mero no sabe nada”.
Montiel fue muy específico al narrar lo ocurrido día a día desde que fue detenido hasta que fue puesto a disposición de un juez, el 7 de mayo de ese año. Recordó especialmente lo ocurrido un día antes en los separos de la policía, cuando un sujeto le fue presentado como médico, por lo que le pidió que atendiera a su compañero, quien sangraba de una herida detrás de la oreja como resultado de los disparos de los militares en Pizotla… “pero nomás le dio una cachetada”.
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Montiel –quien tras cinco años de exilio pudo reencontrarse con su esposa, Ubalda Salgado– aseguró ante los jueces de la Corte Interamericana que el primer examen médico se lo realizaron en julio de 2000 Christian Tramsen y Morris Tidball-Binz, de Médicos por los Derechos Humanos-Dinamarca (PHR-D, por sus siglas en inglés).
Producto de ese examen, Tramsen y Tidball-Binz determinaron que ambos campesinos presentaban daños que concordaban con la aplicación de tortura; entre ellos: atrofia testicular por estiramiento de los órganos masculinos e insensibilidad en muslos y tumores subcutáneos por descargas eléctricas.
En la audiencia (que tuvo lugar el jueves 26 y el viernes 27 en la capital costarricense) y para apuntalar esta prueba, los representantes de Teodoro y Rodolfo –Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional– presentaron como testigo a Tramsen quien explicó que las autoridades de la cárcel de Iguala, donde estuvieron encarcelados los ambientalistas, les pusieron trabas para realizar su trabajo.
“Nos catearon, me quitaron mi cámara (…) había una atmósfera tensa, teníamos que hablar en voz baja porque no queríamos que nos pidieran que abandonáramos la cárcel”, contó el médico al recordar que sólo se les dieron dos horas para hacer su trabajo y les asignó un pasillo y un baño utilizado como bodega para revisar a Rodolfo y a Teodoro.
En la audiencia el médico danés sostuvo que era imposible que una persona que no fuera médico describiera sensaciones de dolor acordes con secuelas de maltrato y se dijo sorprendido de que ninguno de los certificados médicos expedidos por órganos del Estado cumplieran con los estándares internacionales para dictaminar tortura.
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