Mercenarios de Estados Unidos estarían atrás de la creación de grupos paramilitares, dirigidos por oficiales del Ejército y la Marina, que so pretexto “de la guerra contra la delincuencia organizada” agreden a organizaciones y luchadores sociales, además que ejercen un terrorismo de Estado en el país; en contraparte, las deserciones en la milicia se incrementan y se teme la eventual incursión de marines, “como sucedió en Colombia”, según la comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Precisa un documento digital disponible en http://www.cedema.org/ver.php?id=4072 y http://www.cedema.org/ver.php?id=4073, que “la guerra entre los poderes fácticos, desde el gobierno, la llaman hoy guerra contra la delincuencia organizada, es una agresión permanente contra el pueblo, configurándose como terrorismo de Estado. Los éxitos y avances de los que se vanagloria el gobierno federal sólo son un ardid mediático para ocultar la ofensiva contrainsurgente contra el pueblo, en la cual se ha asesinado impunemente a cuanto ciudadano se cruce en sus operativos antricrimen o contra cualquier persona señalada como opositor al gobierno ilegítimo, encarcelamiento de ciudadanos inocentes incriminados y presentados como presuntos delincuentes, la desaparición forzada de miles de ciudadanos, unos por motivos políticos y la gran mayoría por motivos sociales víctimas de la criminal forma de administrar y procurar la justicia, que viola sistemáticamente derechos constitucionales y humanos.
”En este ensayo ha intensificado la creación y utilización de grupos paramilitares dirigidos por oficiales del Ejército, la Marina y por todo tipo de mercenarios de Estados Unidos, como los que utilizan en Irak y Afganistán, al mismo tiempo que participa directamente la inteligencia israelí a quienes no les importa tener relación con criminales e individuos de la más baja ralea que pertenecen a grupos policiacos, al Ejército federal o a la Armada de México para asesinar o desaparecer a luchadores sociales que saben que su perfil como individuos es insobornable y cooptar a otros que les han servido como delatores utilizando la calumnia, el desprestigio y al final el asesinato de los luchadores sociales consecuentes.
”Dentro de esta estrategia contrainsurgente están algunos partidos políticos que son los que negocian con el Estado y delimitan oportunistamente hasta dónde puede llegar éste; son quienes permiten que hoy las fuerzas represivas no realicen ninguna aprehensión, sino que dan carta blanca para que asesinen a presuntos elementos de la delincuencia organizada que podrían salvar la vida pero, que por ser extraditables podrían delatar a los oligarcas que están detrás de ellos, a sus lavadólares y a políticos reconocidos que son parte orgánica de la delincuencia, ésa es la razón por la que llegan a asesinar y no a aprehender, en un intento por evitar que se acumule el expediente público de los nexos del Estado mexicano con el crimen.
”Necesariamente para hacer estas acciones mandan a soldados, ya sean infantes de Marina, Ejército o Policía Federal, por delante, como carne de cañón, éstos que van por delante son parte de la gente del pueblo que no pudo obtener un trabajo decoroso, que han truncado su carrera o que es un emigrante de las zonas rurales a las ciudades que ante la necesidad de comer se enrolan en estas fuerzas castrenses, por lo tanto, cuando ven que además de ir en punta son humillados, vejados y pagados con sueldos bajos, se da la deserción –para engrosar las filas de la delincuencia organizada–, mientras sus generales y sus oficiales prooligarcas y reaccionarios se enriquecen escandalosamente y disfrutan de placeres inimaginables utilizándolos a ellos como instrumentos para encubrirlos en sus tropelías”.
”Cualquiera que platicase con militares o policías que han pedido su baja en sus respectivas corporaciones, escucha de viva voz que es ahí donde aprenden a consumir todo tipo de droga, donde aprenden a extorsionar, asaltar, secuestrar y a violar toda norma jurídica, en donde son adoctrinados contra la población civil y los luchadores sociales, a quienes se les tipifica como delincuentes o terroristas, es ahí donde reciben la orden de matar a todo lo que se mueva.
”Políticos de oficio que a pesar de los reclamos populares, en su mayoría se muestran complacientes con las iniciativas y propuestas del ilegítimo al mostrar indiferencia y oídos sordos a las peticiones y exigencias de organizaciones populares, de organismos defensores de los derechos humanos no gubernamentales y de ciudadanos sin partido que sí demandan la presentación con vida de los desaparecidos y la libertad de todos los presos políticos, así como el regreso inmediato de las fuerzas policíaco-militares a sus cuarteles”.
”Eso lo sabe perfectamente bien el señor Calderón, y como se dice el jefe supremo de las fuerzas armadas, toda la responsabilidad recae sobre él, sobre los legisladores y el poder judicial que encubren las atrocidades del Ejército federal y que son quienes pudieran legalizar un golpe de Estado, presionados por el imperialismo estadounidense para que acepte la tesis imperialista del Estado fallido, para que descaradamente se siga violando nuestra soberanía y asegurar el establecimiento de dos o tres bases militares norteamericanas dentro de nuestro territorio como lo ha hecho ya en Colombia, que para ese propósito cuenta con mucho recurso humano que ocupar, como son los hijos de los migrantes o los jóvenes que están en su país legal o ilegalmente que hablan el español e idiomas diferentes como el náhuatl, zapoteco, mixteco, tlapaneco.
”El gobierno de Calderón por su ilegitimidad criminaliza por todos los medios el descontento popular y reprime masiva y selectivamente toda expresión de descontento y organización fuera de los marcos coorporativizantes, provocando con sus medidas fascistoides un mayor encono social, al tiempo que allana el camino para instaurar legalmente un Estado policíaco-militar, que no es otra cosa que una dictadura con un rostro civil en el Ejecutivo. En ese contexto se inscribe la actitud de este gobierno que busca negociar con las cabezas del crimen organizado para que entre ambos junten fuerzas para enderezarlas en contra del movimiento insurgente, para tratar de destruirnos físicamente”.
El sitio electrónico advierte que, ante el contexto actual, el EPR podría romper la “tregua unilateral”, si no aparecen Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos por motivos políticos: “Solicitamos con el debido respeto a la Comisión de Mediación que informe a nuestro pueblo sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales, porque en el actual marco de la estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular, como lo que dijimos en anterior comunicado, el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda”.
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