jueves, 27 de septiembre de 2012

Las injusticias del “cambio” Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. Willy Brandt

Publicado en septiembre 7, 2012

Autor Diario Despertar de Oaxaca

La alternancia política en Oaxaca albergó la esperanza y anhelo democrático de la transformación de las instituciones públicas, fundamentalmente las encargadas de la procuración e impartición de justicia

En un Estado democrático constitucional, pero sin justicia real, eficaz y expedita, la sociedad padece los excesos y arbitrariedades de un gobierno que puede dar un uso faccioso a la ley y las instituciones.

La simulación de la legalidad y tergiversación del Estado de derecho implica la violación reiterada a la garantía fundamental de la igualdad ante la ley. Cuando la desigualdad ante la ley llega, hay privilegios, complicidades e impunidad que causan agravios y perjuicios sociales propios de un régimen autoritario.

Por eso es preocupante que la procuración y administración de la justicia en Oaxaca se haya convertido en un objeto ornamental, los delitos no son perseguidos, son —si acaso— disimulados con la existencia de un expediente, pero fundamentados en la inacción e ineficacia de las autoridades, que garantizan la impunidad a múltiples homicidas que han dejado 114 víctimas fatales, a lo largo y ancho de la entidad, sólo en los asuntos políticos y sociales, sin contar los crímenes por cuestiones agrarias.

Lo mismo ocurre con los escandalosos casos de corrupción, en donde participa el hombre fuerte del gobernador, Jorge —otro Jorge más— Castillo Díaz, pero donde también está involucrada la directora general del DIF estatal, Fátima García León, sin contar los otros escándalos ya abiertos, como son el Distribuidor Vial de Cinco Señores y la Velaria del auditorio “Guelaguetza”, donde lleva mano Netzahualcóyotl Salvatierra, secretario de las Infraestructuras; tampoco contamos el caso del Seguro Popular y la parentela del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Y sólo los casos más visibles y sintomáticos, porque la corrupción se extiende como la gangrena en el “gobierno del cambio”.

Pero, además, hay dos casos que llaman la atención, porque son paradigmáticos de la gravedad de la decadencia y descomposición del régimen del gobierno de la alternancia, que encabeza Gabino Cué Monteagudo: los asesinatos de Santiago Choápam y la fría y urdida represión Santiago en Amoltepec.

En el caso de Santiago Choápam, la incompetencia e irresponsabilidad del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, precipitó una emboscada a un grupo de ciudadanos, donde fueron asesinadas 10 personas de forma artera y cobarde, sin que, hasta el momento, los 16 de los responsables hayan sido aprehendidos, a pesar de contar con pruebas suficientes en los expedientes penales y de haberse librado las órdenes de aprehensión correspondientes.

La injusticia tiene un calificativo para los ciudadanos de Santiago Choapam: protección e impunidad.

El segundo caso, que ejemplifica adecuadamente las desviaciones del “régimen del cambio” en materia de justicia está en el caso de Santiago Amoltepec; ahí, el gobierno ha actuado oficiosa y servilmente para proteger al presidente “ilegítimo”, a quien acusan de haber ordenado al menos 20 homicidios como parte de su venganza por el asesinato de su padre.

La ola de violencia en Santiago Amoltepec no se detuvo con el premio de consolación que implicó colocar al hijo del asesinado presidente electo en su lugar; por el contrario, ha contribuido a mantener asolada y en un estado permanente de violación de los derechos fundamentales a los ciudadanos de este municipio.

Pero no sólo eso, el gobierno estatal ha actuado y participado en la represión disfrazada que implicó su arribo al municipio, donde aprehendió a 14 personas, a quienes se les imputan diversos delitos y no han podido recuperar su libertad ni enfrentar un proceso penal adecuado.

Las instituciones y procedimientos legales se han utilizados en Santiago Amoltepec para cometer una serie de injusticias, no para responsabilizar y detener los crímenes de Pedro Luis Jiménez Hernández, “El Coyote de Amoltepec”.

Si la Secretaría General de Gobierno —de los tiempos de doña Irma Piñeiro— no hubiera intervenido para tergiversar un hecho delictuoso y desvirtuar la justicia entregándole la presidencia municipal al hijo deudo, no habría violencia y se impartiría justicia; por su intromisión y la irresponsabilidad de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, no se abocó a castigar a los asesinos de Luis Jiménez Mata, por el contrario, ha protegido a un grupo de matones, generando más injusticia donde ya la hay.

Sin justicia no hay democracia, tampoco paz que dure, por más impunidad y complicidad que se utilicen para reprimir a los ofendidos y proteger a los delincuentes; la injusticia sólo produce más violencia e injusticia, como desgraciadamente ocurre en Oaxaca.

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