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| POR LA DEFENSA DEL PETROLEO |
Cuauhtémoc Cárdenas
Resulta falaz y ofensiva la utilización que el gobierno está haciendo de
la figura de Lázaro Cárdenas para justificar e impulsar ante el pueblo de
México su antipatriótica y entreguista propuesta de reforma energética.
La lucha principal de Lázaro Cárdenas fue por el rescate y pleno
ejercicio de la soberanía de la nación y su desarrollo independiente. Ese fue
el objetivo de fondo de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 y de
su firme oposición posterior al otorgamiento de contratos de riesgo. La iniciativa
oficial va justamente en sentido contrario.
Ciertamente, la propuesta de reforma del artículo 27 constitucional que
el Ejecutivo ha remitido al Congreso, recupera el texto reformado de ese
artículo durante la administración de Cárdenas, con posterioridad a la
expropiación, y en eso se ha centrado el amplio despliegue de propaganda
oficial para tratar de hacer creer a la opinión pública que la propuesta
corresponde a la ideología y a las luchas que Lázaro Cárdenas libró en vida en
favor de México y su pueblo.
La propuesta de reforma del 27 constitucional podría resultar
irrelevante si no estuviera acompañada de la propuesta para reformar al
artículo 28 de la Constitución. De aprobarse la reforma de este artículo 28, el
Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la
industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos y
consecuentemente el manejo y cuidado de las reservas, hasta la transformación
industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los
servicios complementarios de almacenamiento y transporte.
Con la iniciativa de reforma del 28 constitucional, queda clara la
intención de desplazar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de toda la cadena
productiva del petróleo, sustituyendo a este organismo, al que hasta ahora el
Estado ha encomendado la conducción de la industria petrolera, por
particulares. Esto es, se está ante la perspectiva de que las compañías
expropiadas en 1938 vuelvan a ser las que manejen y se beneficien con la explotación
de los hidrocarburos mexicanos.
La propuesta oficial, por otro lado, es intencionadamente incompleta,
pues no da cuenta de qué leyes secundarias se propone modificar y en qué
sentido, pero la intención de fondo, repito, ha quedado clara con la iniciativa
de reforma del artículo 28 de la Constitución.
En el debate que se ha abierto sobre la reforma energética, es frecuente
escuchar que no se tienen propuestas para combatir la corrupción. Combatir este
mal no es cuestión de reformar leyes. Si el gobierno, si cualquiera de las
instituciones del Estado o cualquiera de sus funcionarios tienen detectada
alguna irregularidad o la comisión de algún delito, su obligación no es
proponer la reforma de alguna ley, sino aplicar ésta con todo rigor y sancionar
al culpable. Ninguna reforma de ley dirá castíguese a tal o cual individuo, y
la ley ya establece que es responsabilidad del Estado corregir cualquier falla
y perseguir y sancionar cualquier delito.
fuente: la jornada
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