Organización civil Las Abejas espera fallo de la CIDH sobre la matanza
Los familiares de las 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres asesinados calificaron de indignante la liberación, en los dos últimos años, de los 45 implicados en la matanza (Foto: JUAN CARLOS CALDERÓN EL UNIVERSAL )
Óscar Gutiérrez Corresponsal
El Universal
ACTEAL
La matanza de los indígenas tzotziles en esta comunidad de Los Altos de Chiapas es un dolor e indignación que no se pueden olvidar, que crecen alentados por la liberación de los involucrados en el crimen y por la estrategia gubernamental de “desgastar” el expediente para evitar el juicio de los responsables intelectuales, denunciaron sobrevivientes, familiares de las víctimas y la organización Sociedad Civil Las Abejas.
Pasaron 13 años del asesinato de 45 indígenas, pero a decir de los desconsolados, la memoria adolorida no tiene sosiego. Es una llaga que supura y atormenta, porque los “asesinos son liberados” y desde el gobierno “se apuesta al olvido” para no castigar a los verdaderos culpables.
Los familiares de las 21 mujeres, 15 niños y nueve adultos asesinados calificaron de indignante la liberación, en los dos últimos años, de los 45 implicados en el crimen, avalada por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el consentimiento del gobierno de la entidad. Los culpables fueron excarcelados por anomalías procesales y libertad anticipada por presentar buena conducta.
Crimen de Estado
José Alfredo Jiménez Pérez, presidente de la organización Sociedad Civil Las Abejas, aseguró que la liberación de reos confirma la estrategia gubernamental de “apostarle al desgaste y al olvido” para no someter al juicio legal a los autores intelectuales del crimen múltiple. “El ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación, y el ex gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro”.
“Hubo un pacto: meterlos a la cárcel, que aguantaran, que no se preocuparan que ya los sacarían después, mientras los jueces desgastan a los testigos buscando que confundan sus testimonios; mientras los abogados del Centro de Investigaciones y Docencia Económica interponen los amparos. La Corte dice que hubo irregularidades, que es anticonstitucional y que deben ser liberados”, expuso el representante comunitario.
En el mes de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió estudiar el expediente Acteal durante el 140 periodo ordinario de sesiones del organismo internacional.
Sobre la determinación, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ahora entrará en el estudio de los elementos aportados por los peticionarios contra el Estado mexicano para pronunciarse sobre el fondo de estos crímenes de esa humanidad”.
Añadió que la decisión de la Comisión Interamericana es “un paso importante para aportar al camino hacia la verdad, memoria y reparación de lo sucedido en Acteal”
Para Las Abejas y las víctimas, la matanza tuvo trasfondo político en la llamada guerra de contrainsurgencia, surgida después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). “La liberación y el rechazo de la SCJN de escuchar nuestros argumentos confirmaron que fue un crimen de Estado”.
Armas y zozobra
José Alfredo Jiménez informó que a 13 años de la masacre del grupo de hombres y mujeres, que aquel 22 de diciembre oraban por la paz en la ermita de esta comunidad, se espera la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para castigar a los autores intelectuales. “No tuvimos señales y perdimos esperanzas en el gobierno; ahora queremos justicia y no impunidad, para que el crimen ocurrido en Acteal no se repita nunca”.
El presidente de Las Abejas denunció que a más de una década de los hechos las armas homicidas no han sido desterradas de la zona. Los fusiles que mataron a los 45 tzotziles, aseguró, continúan en los poblados Acteal Alto, Pechiquil, Los Chorros, C’anolal, Esperanza, Quextic y Puebla. “De ahí salieron las armas homicidas y todavía siguen ahí”.
El representante indígena declaró también que este año el gobierno les retiró el apoyo médico-hospitalario convenido para atender a las personas que quedaron discapacitadas en la matanza, quienes ahora cubren viajes y gastos con la ayuda de organizaciones independientes solidarias.
La Fiscalía Especial para el Caso Acteal, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, creado en este gobierno, evitó cualquier pronunciamiento sobre el aniversario número 13 de la matanza de Acteal, a solicitud de EL UNIVERSAL.
Las semillas del dolor
Zenaida tenía cuatro años cuando una bala le atravesó la cabeza y la dejó ciega de por vida. La adolescencia la vive con sus abuelos Antonio Luna, Catarina Ruiz y sus hermanas Ernestina y Roselia de 20 y 15 años.
La niña Zenaida, como se le conoció en 1997, perdió en la matanza a sus padres Miguel Pérez y Marcela Luna. Actualmente está condenada a vivir sola porque, según los usos y costumbres indígenas, una mujer ciega y discapacitada no es requerida para esposa, por lo que no consigue casarse.
Zenaida está confinada en un rincón de su vivienda, construida en la parte alta de esta comunidad. Desde hace 13 años ha caído sobre ella una muralla de silencio y depresión. Este año, según Las Abejas, le fue retirado el apoyo médico, por la posición de las víctimas de esclarecer el crimen múltiple.
Catarina Méndez Paciencia fue herida de siete impactos de bala en diversas partes de su cuerpo. Fingió estar muerta para burlar a sus verdugos.
La mujer que también está soltera se queja de constantes dolores de huesos por las intervenciones y placas metálicas colocadas en su anatomía.
Enseña las cicatrices que le dejó la masacre de aquel 22 de diciembre y lamenta que la vida le siga resultando demasiado cruel. “No puedo trabajar en el campo y tengo que sobrevivir con lo poquito que puedo hacer”.
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