sábado, 4 de diciembre de 2010

¿EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL BORRÓ TESTIGOS Y PRUEBAS DE

Juan José Díaz Bermúdez/Análisis
Oaxaca, México (Punto y Aparte).- Muy aparte de la sostenible demanda que el Ejército Popular Revolucionario ( EPR), ha tenido en el marco de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, mandos de ese grupo guerrillero, detenidos-desaparecidos, el 24 o 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, según acusan por parte de fuerzas militares y policíacas combinadas del gobierno estatal y federal, surge la acusación clara por parte de los insurgentes, en los asesinatos de cómplices o sicarios que pudo haber utilizado el Estado para cometer ese delito de Lesa Humanidad, así como otros crímenes en contra de miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ( APPO).

La acusación que hacen en contra de Ulises Ruiz en el comunicado del 29 de noviembre de 2010, es contundente y se suma a las miles de hipótesis que circulaban en Oaxaca alrededor de los asesinatos de Alejandro Barrita Ortiz, Aristeo López Martínez, Rubén Marmolejo, entre otros, que han sido ejecutados, como ya se había dicho, reafirmado por el EPR, fueron ultimados para borrar testigos y evidencias, sin embargo habría que preguntar, ¿quién es el autor de esos homicidios?

En primer plano podría pensarse que es el gobierno, estatal o federal, limpiando la casa, aunque hay que analizar del porqué beneficia a los autores intelectuales la muerte de sus operativos. Dice un dicho militar: “el mejor testigo es el muerto”. Para las agrupaciones dedicadas a cometer delitos, no hay mejor opción que la muerte para aquellos que llevaron a cabo alguna operación ilegal, en este caso, se dice sin probar que los hoy occisos habrían participado en crímenes políticos y desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales y los mandos medios del EPR, por supuesto en vida ellos lo negaron, aunque las pruebas los hundían a tal grado que Aristeo López Martínez, participaba como testigo protegido de la Procuraduría General de la República cuando fue abatido. Junto con Alejandro Barrita Ortiz, Rubén Marmolejo, Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, habrían sido integrantes de las caravanas de la muerte en el 2006, por supuesto, siguiendo órdenes directas de los gobiernos federal y estatal, debido a que actuaron con una impunidad descarada.

El EPR demanda se juzgue a Ulises Ruiz Ortiz por los delitos cometidos en el 2006-2007, así como por Lesa Humanidad, aunque no hay que olvidar que existen otros que junto con URO, dieron la última orden, que fraguaron no solamente el crimen de los luchadores sociales, además de sus propios sicarios, a ellos no se les menciona ¿porqué? En los últimos comunicados el EPR se olvida de citarlos.

Todo hace indicar que la suerte de URO depende en mucho de las exigencias que haga el gobierno de Gabino Cué, se notará si hubo acuerdos o simplemente como se vislumbra, Felipe Calderón es el poder tras la silla en el gobierno de Oaxaca. Las organizaciones sociales exigen cárcel para el ex mandatario oaxaqueño, aunque hay que insistir, hay una sobreprotección del gobierno federal alrededor de Ulises Ruiz y de todos aquellos que participaron en la represión brutal que sufrieron aquellos que se identificaron en la lucha popular del 2006. Aunque, como bien subraya el EPR, no solo se debería juzgarlos por esos crímenes, además investigarlos y proceder por los homicidios de sus propios presuntos sicarios.

No es una cuestión fácil, no debemos olvidar que todos los testigos que pudieron haber intervenido en la detención-desaparición de los mandos del EPR, así como en las ejecuciones extra judiciales que, se dice que hubo por parte de las caravanas de la muerte y las fuerzas federales, han fallecido por muerte violenta, es tenebroso pero se nota que se practicó la ejecución preventiva de los autores intelectuales o la venganza por parte de los afectados, tanto en la desaparición de los mandos eperristas, así como los homicidios de activistas de la APPO.

Lo cierto es que la demanda de justicia del EPR se hace eterna, y con esta petición sin respuesta, llega la desesperación, lo que nos llevaría a la ruptura de la tregua a la que el EPR se comprometió, aunque hay que decir que, según las líneas de investigación del gobierno, la muerte de Rubén Marmolejo, Alejandro Barrita y Aristeo López Martínez, podrían ser acciones de la brigada de ajusticiamiento del EPR, lo que nos llevaría a pensar que ese grupo armado jamás ha estado en tregua.

Lo cierto es que debería de existir detenidos por la desaparición forzada, que es un crimen de Lesa Humanidad, por la muerte de activistas de la APPO, hasta hoy no se ha visto la justicia que claman los familiares, lo que podría llevar a una polarización de este asunto y tal vez, el ajusticiamiento de aquellos que participaron en estos delitos.

En los últimos días, aunque no se ha hecho público, funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, han recibido amenazas relacionadas con el 2006. Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Jorge Franco Vargas, Lizbeth Caña Cadeza y el propio Ulises Ruiz, duplicaron su guardia personal debido a los anónimos recibidos, lo que advierte que en Oaxaca podrían seguir las ejecuciones relacionadas con el levantamiento popular en Oaxaca.

http://www.puntoyaparteinforma.com.mx/1679611.html

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