jueves, 2 de junio de 2011

Gobierno, culpable de desapariciones: EPR

El grupo insurgente rechaza que se quiera vincular la desaparición de dos miembros con la delincuencia organizada
A cuatro años de la desaparición de dos de sus dirigentes en Oaxaca, el 25 de mayo de 2007, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) rechazó lo que llamó "burda maniobra del gobierno" que pretende vincular el hecho como "producto de una venganza de la delincuencia organizada".

"Nuestros compañeros fueron objeto de la detención-desaparición por parte de las estructuras policíaco-militares de este gobierno antipopular. Los responsables de ese crimen de lesa humanidad son el gobierno federal y estatal (encabezado en ese entonces por el criminal de Ulises Ruiz)", señaló el grupo insurgente en un comunicado difundido esta tarde.
 
En mayo de 2007, fueron desaparecidos los dirigentes eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuando se encontraban en la capital oaxaqueña realizando trabajos políticos.
 
En el comunicado, el EPR llamó a los representantes de las organizaciones sociales y políticas a sostener la resistencia popular "que nos permita dar el paso de la autodefensa pasiva a una autodefensa activa".

"No permitamos la maniobra sucia de pretender vincular a los luchadores sociales y a los detenidos-desaparecidos por motivos políticos, con la delincuencia organizada, maniobra policíaca que pretende eludir la responsabilidad del Estado mexicano en los delitos de lesa humanidad", destacaron en el comunicado.
 
El grupo insurgente advirtió además que "el tiempo se acaba en la medida en que se acaban las oportunidades de un cambio radical por la vía pacífica, se está agotando en la medida en que los gobiernos anteriores priístas y panistas, así como el actual no han resuelto las demandas del pueblo mexicano que exige sobre todo justicia".
 
En el comunicado, los eperristas se sumaron a la exigencia colectiva de que "regrese el Ejército a sus cuarteles de donde jamás debió de haber salido", y que se ponga freno a la "guerra contra el narcotráfico que de manera inconstitucional y autoritaria declaró (el presidente) Felipe Calderón".

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