MIGRACIÓN. Judith López vivía en Río Olote, pero se fue a vivir a Llano Palmar luego de que policías saquearon su casa (Foto: )
Hombres dejan su comunidad por temor; 150 han sido procesados y luego liberados
Olga Rosario Avendaño/ Corresponsal
El Universal
SAN AGUSTÍN LOXICHA
A casi 15 años de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en tierras oaxaqueñas, el fantasma de la guerrilla persigue a los indígenas de la región Loxicha.
Aquí los hombres optaron por abandonar a sus familias e irse a Estados Unidos, a la capital del estado y otras urbes con tal de no sentir que pueden ser detenidos acusados de pertenecer a grupos guerrilleros.
En este municipio, a la fecha hay 18 personas que están en prisión acusados de este delito. 12 de ellos están sentenciados a purgar condenas entre los 25 y 31 años de cárcel.
Los caminos de tierra que llevan a la región descubren a los visitantes una zona donde las casas de las comunidades adolecen de padres de familia. Mujeres trabajando, niños a su lado y mujeres adolescentes, es lo que prevalece en la estampa de Loxicha.
La sospecha de que esta zona es cuna del EPR tiene sus razones: el 28 de agosto de 1996 cuando el grupo atacó bases militares y policiacas en La Crucecita, Huatulco, uno de los combatientes muertos era el regidor de Hacienda del cabildo de San Agustín Loxicha, Ismael Martínez.
Desde entonces se militarizó la zona y en ese año se encarceló al resto del cabildo, incluyendo al presidente municipal, Agustín Luna Valencia, quien purga una condena de 31 años de prisión —en la cárcel de Santa María Ixcotel, conurbado a la ciudad de Oaxaca—, acusado de ser guerrillero.
Aquí las madres de familia dicen vivir con miedo; las personas más jóvenes evitan salir a la oscuridad de la noche y prefieren resguardarse en sus casas, aunque afirman que por la madrugada también hay irrupciones en las viviendas por parte policías quienes argumentan que entran a buscar armas.
Se van a EU
Daniel Santiago Matías es un indígena de la comunidad de Tierra Blanca —una población de este municipio enclavado entre las montañas de la Sierra Sur de Oaxaca— y desde hace medio año determinó que es mejor huirle a la migra en Estados Unidos que a los llamados grupos paramilitares o “entregadores” de esta comunidad, dice su esposa. Así que se fue a trabajar como jornalero.
Así dejó solos a sus cuatro hijos; dos de ellos adolescentes que le ayudan a su madre a llevar alimentos a su casa. Heladio, de 17 años, está en el bachillerato y le gustaría estudiar la licenciatura en Biología. Él está resignado con la partida de su padre: “está mejor allá, porque aquí se tenía que esconder de los entregadores”, dice.
El joven, de 1.60 metros de estatura, tez morena, cejas pobladas y una sonrisa a flor de piel, vestido de bermuda negra y sin playera, platica su historia mientras su madre borda una servilleta con formas de manzanas, peras y ciruelas. “Aquí no se puede salir de noche, hay peligro, de vez en vez se escuchan los balazos de la gente mala, no tan cerca de aquí, pero da miedo salir y más en la oscuridad”, dice al describir el estigma de vivir en un pueblo donde se cree que “todos son guerrilleros”.
En la zona se tejen decenas de historias parecidas a las de esta familia donde los hombres huyen por temor a ser confundidos y capturados acusados de pertenecer al EPR.
Israel Ochoa Lara, fundador del bufete de Asesoría Jurídica Popular, asegura que de 1997 a la fecha las autoridades han capturado a más de 150 pobladores acusados de formar parte del EPR pero que por falta de pruebas fueron liberados después de haber sido investigados y encarcelados un tiempo.
Israel Ochoa denuncia que desde 1996 “quien desató toda la represión en Loxicha fue el ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, quien tenía como procurador a Roberto Pedro Martínez y el actual procurador (Manuel de Jesús López López)” fue alumno de éste último.
El dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas (OPIZ), Juan Sosa Maldonado, ha acusado una “guerra sucia de baja intensidad” en la región que a su decir ha derivado en ejecuciones de campesinos, y encarcelamiento de luchadores sociales.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos tiene documentadas más de 150 casos de desaparición forzada en la zona, y señalan la represión de los acusados de ser guerrilleros como posible causa.
“Era imposible vivir en Río Elote”
Judith López López vivía hasta 2001 en Río Olote, Loxicha, pero decidió cambiarse a Llano Palmar —que está a tres horas y media caminando— después de que elementos de la Policía Estatal entraron a saquear su casa y detuvieron a su padre, Nicolás López, un hombre de unos 70 años de edad a quien acusaban de ser guerrillero. Sin embargo, dos años después fue liberado por faltas de pruebas.
La casa que habita Judith está construida por trozos de bambú cortados a la mitad, techo de lámina, puertas del mismo material que las paredes y piso de tierra. El aire, al igual que la lluvia, se cuela por las rendijas de unos 8 centímetros que de separación entre cada pedazo de bambú. En este pueblo le pidieron prestado a un tío un pedazo de tierra para construir “porque era imposible vivir en Rio Olote, los entregadores, la policía entraban a la media noche a las casas”.
Mientras cuenta, se cruza de brazos y su mirada se pierde entre las montañas, hacia donde quedó Río Olote. “Dicen que tenemos armas, pero no es cierto, no tenemos nada”. Lo que sí tienen, agrega, es deseos de que alguien los apoye porque la zona está en el olvido: los caminos de terracería para llegan a las casas de pronto parecen borrarse entre las piedras y las hojas de los árboles; no hay alumbrado, ni otros servicios básicos.
En la casa de Judith viven también cuatro sobrinos huérfanos, hijos de su cuñada Crispina López Juárez, esposa de Alejandro López López, quien fue asesinado en el 2006, por razones desconocidas; lo encontraron río arriba con un balazo en la espalda. La misma vivienda la comparte Julia Ramírez López, esposa de Alfredo López.
Disparos por las noches
Julia, de 25 años de edad, tiene cuatro hijos, uno de ellos tiene apenas dos meses de nacida. Mientras la amamanta cuenta que la niña aun no tiene nombre y no se ha registrado porque su marido, Alfredo, anda huyendo de una orden de aprehensión. A esos ocho niños en la casa se suma Mario, hijo de Judith; él tiene 10 años de edad, cursa el tercer año de primaria en la escuela de la misma localidad, donde existe un solo profesor para los seis grados de educación básica. Esa escuela es testigo de que los disparos son constantes, por ese sitio, cuenta Judith, “se escuchan las balas por las noches, creo que para meternos más miedo”.
En Llano Palmar, al igual que Tierra Blanca, para que estas mujeres puedan comprar su despensa tienen que caminar entre veredas y montañas de tres a cuatro horas hacia la cabecera municipal que es San Agustín Loxicha, y si quieren trasladarse a la capital del estado, deben viajar unas seis horas.
Desde hace siete años la Comisión Federal de Electricidad instaló los postes de energía eléctrica, pero “es la hora en que no tenemos luz”, dice Judith.
Esta población tiene una brecha que serpentea entre los árboles y las cascadas, por ella se puede llegar en camioneta, pero aquí sólo una familia de las 60 que habitan tiene vehículo y muy frecuentemente “se chinga, por eso tenemos que caminar”.
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