En la última década los delitos ambientales se han incrementado, mientras en 2001 se presentaron 5 mil 816 agravios ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en 2009 se denunciaron 8 mil 154 casos ambientales, 40.2% más. Según un informe de 2009, los conflictos forestales son los más comunes, con 39 por ciento de las quejas.
Para Greenpeace la defensa de los bosques es “una causa peligrosa”, pues en años recientes la complicidad y los contubernios que hay en las áreas forestales ha costado vidas.
Tal es caso de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, refiere la organización, que sin cometer más delito que impedir la tala realizada por caciques locales y empresas trasnacionales en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, fueron detenidos sin orden judicial el 2 de mayo de 1999 por miembros del Ejército.
Después de ser incomunicados y torturados durante cinco días, se declararon culpables de portar armas de uso exclusivo del Ejército, cosechar marihuana y estar vinculados al Ejército Popular Revolucionario. Tras permanecer dos años y medio en prisión, fueron liberados por “razones humanitarias”, es decir, no se ha reconocido su inocencia a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció irregularidades en el caso. Además, Rodolfo Montiel recibió el Premio Goldman, máximo reconocimiento internacional por su defensa ambiental.
Por parte de las autoridades también ha habido pérdidas humanas, tal es el caso de Wilfrido Álvarez, inspector forestal de la Profepa que el 26 de marzo de 2003, recibió un balazo en la cabeza cuando se encontraba en los alrededores de Chilpancingo investigando operaciones de tala ilegal.
Detalla Greenpeace que para borrar las evidencias, los asesinos colocaron el cuerpo del funcionario dentro de la camioneta en que viajaba y le prendieron fuego. “Se tomaron el tiempo de hacer un letrero en el que se leía: ‘Tanto querías tu bosque, pues quémate con él’. La única reacción que el hecho produjo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue otorgarle al ingeniero Álvarez el premio al Mérito Ecológico 2003, de manera póstuma”, refiere en la organización en su sitio web.
Aldo Coriga, ex inspector de la Profepa, señaló que en algunos bosques del país, se juegan la vida al entrar, pues ahora no sólo se corre el riesgo de ser agredido por los comuneros o tala montes, sino que ya hay bandas muy bien estructuradas que tienen sus intereses en los bosques.
“En sitios como Durango, Chihuahua o Michoacán preferíamos hacernos de la vista gorda, era muy riesgoso entrar, nos advertían desde que íbamos en la carretera que era tierra de los señores de la mafia, que ‘ni pasáramos’, y pues sólo elaborábamos un reportito”, explicó.
Coriga señaló que también por parte de las autoridades existen abusos hacía los comuneros y los activistas, pues “afectan intereses”.
“En los bosques hay una gran mafia, desde los talamontes, los dueños de la madera ilegal, los comuneros que plantan drogas, todos tienen intereses ya muy bien establecidos, lo mejor es no tocarlos, ni verlos, para poder vivir”, aseveró.
Greenpeace dice que estos crímenes y actos intimidatorios evidencian que en México los defensores del medio ambiente han sido perseguidos por empresas trasnacionales y caciques o talamontes con la complicidad del gobierno.
“Mientras el gobierno federal no tome en serio el problema de la deforestación en nuestro país y establezca políticas públicas congruentes en este sector, seguirán habiendo asesinatos y ataques contra quienes deciden afrontar este problema con la urgencia y el compromiso que se requiere”.
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