lunes, 22 de octubre de 2012

Niñez chihuahuense, entre el olvido y la desprotección

Indígenas tarahumaras en el municipio de Hidalgo del Parral. Foto: Germán Canseco.
CIUDAD JUÁREZ, Chih. (apro).- Niños menores de 13 años que ya son jefes de familia, niños y niñas que mueren de hambre en la Sierra Tarahumara o que trabajan como jornaleros sin estudiar; 100 mil madres trabajadoras sólo en Ciudad Juárez sin un lugar seguro para dejar a sus hijos, así como deserción escolar en ascenso en las zonas rurales, es parte del diagnóstico de la infancia y adolescencia en Chihuahua, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia.

Según el organismo civil, 15% de los habitantes del estado de Chihuahua tiene entre 0 y 14 años, 200 mil son menores de cinco años y con ese panorama, Chihuahua es la única entidad que carece de una Ley de Protección para niños, niñas y adolescentes en el país.

Las fracciones parlamentarias han presentado en el Congreso del Estado diferentes iniciativas para crear la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para lo que realizan foros de consulta.

La Red por la Infancia criticó que el anteproyecto tiene lagunas legales porque no garantiza que los menores gocen de sus derechos ni atribuye responsabilidades al Estado al respecto.

La situación de violencia que vive la entidad desde hace alrededor de cinco años, evidenció que la niñez y adolescencia chihuahuense están “invisibilizadas”, señaló José Luis Flores Cervantes, secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia.

Como ejemplo, Leticia López, encargada del área de albergues de la Red, dio a conocer que actualmente viven mil niños en albergues en Ciudad Juárez y desde hace cuatro o cinco años, el perfil del niño migrante cambió.

Especializada en albergues, Leticia López explicó que los niños migrantes tienen que vivir la situación que prevalece en el estado y en el país de violencia, lo que no les permite desarrollarse de manera “normal”, como lo hicieron los adultos actuales.

“Viven la violencia en casa, en escuelas, en calle, esta situación es muy difícil para que el niño se pueda desenvolver en una niñez como la que nos tocó a nosotros. El niño está obligado a salir a la sociedad para sobrevivir y encuentra violencia”, abundó.

Hoy en día, indicó Leticia López, la mayoría de los niños más vulnerables están en los albergues, a quienes lograron rescatar de las calles donde eran asediados por el crimen organizado.

En cuanto a los niños de la Sierra, José Luis Flores informó que están más “invisibilizados”, padecen hambre y sus diversas consecuencias y además viven los efectos de la violencia.

Menores sin garantías

El secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia señaló que el anteproyecto de ley de protección para niños, niñas y adolescentes tiene muchas áreas de oportunidad, pero también vacíos legales desde la perspectiva de la infancia, principalmente sobre los artículos 1 y 4 de la Constitución, porque no refleja los derechos de los niños ni garantiza que el Estado brindará el goce de sus derechos.

“¿Cómo garantizará el Estado el goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chihuahua?”, cuestiona Flores Cervantes, para luego plantear situaciones concretas que pueden implicar un problema como los que hay actualmente, de no atener dichas lagunas:

Si un niño de 14 años abusa sexualmente de uno de ocho años, no se dice quién se hará responsable o si se castigará ese delito, porque la Ley para Adolescentes contempla que a los 14 años no son imputables las personas.

Otra situación: los niños y niñas jornaleros que no estudian no están visibilizados en el anteproyecto, en cuanto a la responsabilidad del Estado para garantizarle su derecho al estudio. El hambre en la Sierra tampoco está visible porque no hace referencia a un programa, presupuesto o iniciativas claras que garanticen su derecho al alimento.

“El diagnóstico más claro de la niñez en Chihuahua es que es el único estado que carece de ley. Si vamos a emprender una ley como última entidad en tenerla, debe ser una ley modelo por la experiencia nacional, latinoamericana, como países de Colombia y Brasil por ejemplo”, advirtió.

Hasta ahora, añadió, niños y niñas está invisibilizados por no ser acreedores a políticas públicas, y aunque la violencia vino a ponerlos sobre el escenario, se corre el riesgo de criminalizarlos o subordinarlos con políticas públicas que no les favorecen y que pueden vulnerar su libertad, así como violar los tratados internacionales y convenciones que ha firmado México.

Leticia López indicó que con la reforma a la ley y la creación de la Procuraduría de Asistencia Social, que entró en funciones a partir del 20 de junio 2012, esperan que la situación en los albergues mejore, ya que dependen directamente de las autoridades estatales y no de las municipales.

Y es que del total de niños de albergues, 40% está bajo la tutela de las autoridades, pero se sostienen con recursos que los mismos encargados gestionan, debido a que son proyectos que han surgido desde la sociedad civil. Ahí también es evidente la ausencia del Estado.

La Red por los Derechos de la Infancia entregó una serie de documentos a la comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado, presidida por Gloria Guadalupe Rodríguez González, a nombre de 28 organizaciones civiles que trabajan sobre el tema, basados en la experiencia que tienen en Ciudad Juárez.

“Trajimos documentación que puede coadyuvar al mejoramiento de la ley y la comisión se comprometió a ir antes del 20 de noviembre a Ciudad Juárez, para presentarnos las mejoras que han hechos al anteproyecto de ley”, indicó José Luis Flores.

El activista aclaró que actualmente hay un Código de la Defensa del Menor, pero enfatizó que si hubiera una ley sería diferente la situación de los niños y niñas en Chihuahua.

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